Artículo de opinión de Ramón Jáuregui acerca de la situación de la RSC en España

18/11/2014
Elaboración propia
Fuentes: El País, wikipedia.es y europarl.europa.eu.
Imagen: europarl.europa.eu
En esta entrada repaso un artículo publicado hace unos pocos días en El País, en el que el eurodiputado vasco hace un análisis de opinión sobre la evolución de la RSC en España en los últimos diez años, y saca algunas conclusiones sobre su situación actual, y los principales retos que debe afrontar en los próximos tiempos.
Me parece interesante en la medida en que aborda la siguiente cuestión central: ¿ha conseguido la RSC (entonces llamada RSE) los objetivos que se propuso cuando nació de facto en España, hace 10 años?
Aunque no comparto al cien por cien sus opiniones, al hacer este análisis sí creo que plantea algunas cuestiones que bajo mi punto de vista reflejan muy bien el actual estado de la RSC en nuestro país, y las causas de que esté en la situación que está.
En resumen, y siempre analizando la opinión de Jáuregui, estas serían las claves que definen la actual situación de la RSC en España:
  • La RSC ha sido muy prolífica en estos 10 años en términos de producción de jornadas, seminarios, difusión de buenas prácticas empresariales, pero no tanto en la producción de los resultados esperados a priori.
  • La RSC (RSE, entonces) se planteó inicialmente (al menos desde el mundo de la política) como una gran oportunidad para las empresas, de modo que éstas, de forma voluntaria y progresiva, fueran contribuyendo cada vez más a mejorar la sociedad en la que realizan su actividad.
  • Tras 10 años de existencia, la realidad es que ese objetivo no se ha conseguido en gran medidaHe aquí varios hechos que así lo demuestran:
  • La confusión entre RSC y 'acción social' no sólo no ha desaparecido, sino que se ha incrementado. El ciudadano de la calle desconoce todavía en gran medida lo que es la RSC y en qué aspectos le podría beneficiar.
  • La formación y concienciación sobre RSC de los directivos de las empresas sigue siendo baja, o al menos insuficiente.
  • Se han logrado implantar en las grandes empresas algunas buenas prácticas en materia de RSC, pero en muchas ocasiones éstas conviven con flagrantes incumplimientos de la legislación laboral o social
  • En general, con el paso del tiempo, las buenas prácticas antes mencionadas se han convertido en rutinarias y carentes de importancia real para ellas (algunas incluso se subcontratan).
  • No todas las grandes empresas españolas, y prácticamente ninguna de las medianas y las pequeñas, realizan actividades de RSC significativas.
  • El sector público no es un mejor ejemplo: la RSC es prácticamente inexistente en las administraciones, y desde la esfera política no ha surgido aún un discurso que impulse el modelo de empresa sostenible.
  • La actual crisis económica ha vaciado las áreas de RSC de contenido en muchas empresas en dificultades, mostrando cómo en realidad su finalidad era economicista. Esto ha sido posible debido a su carácter voluntario, que la ha hecho 'prescindible' en tiempos de crisis.
  • No hay una conciencia pública fuerte en España que rechace de forma significativa los comportamientos irresponsables de las empresas: aún no existe ese riesgo reputacional que pueda afectar a su cifra de negocios.
  • No existe un reconocimiento de las buenas prácticas en materia de RSC, lo que genera dudas en las cúpulas directivas sobre la rentabilidad de estos esfuerzos, y se desincentiva con ello su imitación por otras.
  • La crisis económica y los últimos grandes escándalos de corrupción han hecho que hablar a los ciudadanos de la RSC que realizan los bancos, las constructoras, y del tejido empresarial en general suene, como mínimo, como una broma de mal gusto para la mayoría de estas personas.

Sin embargo, el autor reconoce también que se han conseguido algunos avances que nos permiten seguir siendo optimistas sobre el papel que la RSC empresarial puede jugar en nuestra sociedad en los próximos años. Estos son algunos de ellos:
  • Mejoras en la integración de la discapacidad en el trabajo.
  • Mejoras en el tratamiento de la diversidad étnica y la igualdad de género en el interior de las empresas.
  • Aumento en los compromisos medioambientales.
  • Mejora generalizada de la transparencia informativa y el perfeccionamiento de los reportes integrados en los informes anuales de las grandes compañías.
  • Mejoras en el respeto de los Derechos Humanos en la cadena de suministro en algunos países.

En cuanto a los retos para la RSC en España en adelante, he aquí los más importantes, en opinión de Jáuregui:
  • La voluntariedad debe revisarse en tres niveles importantes: (a) haciendo obligatorio el Informe de RSC para las empresas de cierto nivel, con arreglo a un estándar universal; (b) vigilando el cumplimiento, por parte de las empresas globalizadas, de un código universal de Derechos Humanos con protección y ejecución judicial en su caso, en todos los países en los que operen (Principios Ruggie); y (c) formalizando ante la OIT acuerdos sectoriales transnacionales de las compañías globales con más impacto sociolaboral (textil, extractoras de mineral, etc.) sobre condiciones de trabajo de su cadena de suministro en países con bajo desarrollo social.
  • Se necesitan mayores y mejores impulsos a la RSC desde las administraciones públicas. Ejemplo: la promoción pública y privada de la Inversión Socialmente Responsable.
  • Debemos aumentar las sanciones (penales y reputacionales), individuales y colectivas, a la irresponsabilidad social, para hacer de ellas otro gran impulsor de verdaderas políticas empresariales de buen gobierno y RSC, tanto en las empresas como en las adminstraciones.

Espero que este resumen os haya resultado interesante. Os dejo aquí debajo la versión íntegra del artículo:

"Responsabilidad Social Corporativa: ¿Una experiencia frustrada?


Por Ramón Jáuregui *
Han pasado diez años largos desde que se iniciara en España el debate y la promoción de la Responsabilidad Social de las empresas (RSE). Diez años en los que se han producido multitud de iniciativas, publicaciones, guías, acuerdos, jornadas, prácticas empresariales y un extenso desarrollo mediático, político y social sobre esta renovación conceptual de la empresa, que la relaciona con sus grupos de interés y con sus impactos sociales, laborales y medioambientales. Es hora de hacer balance y de hacerlo abiertamente, abordando la cuestión nuclear: ¿Está sirviendo la RSE para transformar la cultura interna de la empresa, integrando en su gestión una visión amplia de sus impactos y de sus responsabilidades para con la sociedad? ¿O por el contrario y en el fondo, todo está siendo un gigantesco engaño para hacer marketing social y buscar simplemente mejorar la reputación corporativa?
Fui uno de los primeros impulsores de este movimiento en España a principios de la década pasada. Lo hice creyendo que la RSE era una excelente oportunidad de hacer mejores empresas y de aprovechar sus enormes influencias en beneficio de la sociedad. Lo hice convencido de que los nuevos tiempos y la nueva ciudadanía reclamaban empresas con valores sociales y compromisos colectivos como base imprescindible de competitividad y ciudadanía corporativa. Lo hice porque me parecía evidente que las empresas, cada vez más, construyen hábitats de vida, "hacen sociedad", y su influencia en el desarrollo social y en la calidad de nuestra vida crece en la globalización y en la debilidad de los Estados y de los sindicatos. Creía en todo esto, y por eso he trabajado por una RSE integral y honesta, aunque voluntaria y progresiva.
Hoy debo decir que estoy bastante decepcionado. La confusión conceptual entre RSE y acción social es general y, desgraciadamente, no para de crecer; la difusión social de la idea sigue siendo muy baja en la población, y sigue habiendo una formación insuficiente y una baja concienciación en los dirigentes de las empresas. Muchas buenas prácticas de RSE conviven en la misma empresa con vulneraciones flagrantes de legislación laboral o social. Se están haciendo rutinarias las actividades de RSE, hasta el punto de subcontratar la elaboración de las memorias. La implantación de esta cultura empresarial no ha pasado la barrera de las grandes compañías (y no de todas) a la mediana y pequeña empresa. No hay RSE en las Administraciones Públicas, y el discurso político favorable a la empresa sostenible brilla por su ausencia.
La crisis económica ha desnudado a la RSE. En cuanto las exigencias contables se han extremado, se ha visto que la RSE practicada por la mayoría de las compañías se había hecho con una motivación exclusivamente economicista. La voluntariedad ha permitido a las empresas la eliminación de estos esfuerzos en tiempos difíciles. Por otra parte, la falta de conciencia crítica colectiva y la debilidad de las organizaciones cívicas, consumidores, ONG's, etc., y la ausencia de "valores responsables" en las demandas de la sociedad hacia las empresas, están generando un triple efecto que lastra el desarrollo de la RSE:
a) No hay censura pública a los comportamientos irresponsables, y las consecuencias de determinados impactos empresariales no son temibles en términos comerciales.
b) Por el contrario, los esfuerzos de las empresas en políticas de RSE no siempre son premiados, y surge así la duda en las direcciones de las compañías sobre la rentabilidad económica de inversiones costosas, a cambio de intangibles dudosos.
c) La capacidad de análisis y evaluación de las memorias por parte de la sociedad ha ido disminuyendo progresivamente y las entidades sociales (sindicatos, ONG's, etc.) que las hacían están perdiendo interés en ello.
Por último, la crisis está destruyendo el proceso de legitimación social de las empresas. No hay RSE si la sociedad no admite a la empresa como la base sobre la que construir ese nuevo marco de exigencias recíprocas. Desgraciadamente, la crisis está poniendo al descubierto un reparto tan injusto de sus costes y unas imágenes tan antagónicas de sus responsables frente a sus víctimas, que hacen imposible construir reputación corporativa positiva sobre esas bases.
No olvidemos que estamos hablando de "responsabilidad de las empresas", en un país en el que, por ejemplo, son los ciudadanos los que pagan con sus impuestos las deudas generadas por los bancos. Hablar de RSE de los bancos a un preferentista defraudado es como citar la soga en la casa del ahorcado. No olvidemos que a los blindajes exorbitados, a los abanicos salariales disparatados y a las tarjetas black, les han acompañado congelaciones salariales y bajadas generalizadas de los sueldos. Que a la amnistía fiscal y a los "favores fiscales" del Ministerio de Hacienda a las grandes empresas para pagar sólo un 3 o un 5% del impuesto de sociedades, el Gobierno ha acompañado una Reforma Laboral para facilitar y abaratar los despidos. Todo ello con un trasfondo de aumento de la desigualdad e indignación creciente por la corrupción. ¿Es factible en ese contexto hablar de RSE?
Yo no dejaré de hacerlo, a pesar de todo. No despreciaré que gracias a la RSE se han favorecido causas de justicia social pendientes en nuestra agenda: la integración de la discapacidad en el trabajo, el tratamiento de la diversidad étnica y la igualdad de género en el interior de las empresas, los compromisos medioambientales, la transparencia informativa y el perfeccionamiento de los reportes integrados en los informes anuales de la compañía, el respeto de los Derechos Humanos en la cadena de suministro en algunos países... Ha habido avances que no debemos rechazar.
No obstante, hay que revisar los caminos. La voluntariedad debe revisarse en tres niveles importantes:
a) En la información/reporte, haciéndola obligatoria para las empresas de cierto nivel, con arreglo a un estándar universal.
b) En el cumplimiento, por parte de las empresas globalizadas, de un código universal de Derechos Humanos con protección y ejecución judicial en su caso, en todos los países en los que operen (Principios Ruggie).
c) En la formalización ante la OIT de acuerdos sectoriales transnacionales de las compañías globales con más impacto sociolaboral (textil, extractoras de mineral, etc.) sobre condiciones de trabajo de su cadena de suministro en países con bajo desarrollo social.
Serán necesarios mayores y mejores impulsos a la RSE desde las políticas públicas. La promoción pública y privada de la Inversión Socialmente Responsable por ejemplo, será en este campo, un poderoso estímulo a la expansión de la cultura sostenible de las empresas. La defensa de una economía al servicio de la sociedad, de una economía del bien común, acrecienta la cultura de la responsabilidad de las empresas y exige a éstas "leer" el contexto en el que desarrollan su actividad y comprometerse en sus diálogos con la comunidad en la que operan.
Es también el momento de preguntarse si los riesgos siguen preocupando, o mejor, si preocupan lo suficiente. A la vista de lo que viene ocurriendo y de lo que ha destapado la crisis -sobre los comportamientos empresariales o de sus directivos, sobre las evidentes irresponsabilidades en el núcleo mismo del negocio de la actividad financiera y bancaria-, debemos preguntarnos si hay suficiente sanción reputacional a esos fallos y a esos escándalos. Pues bien, ha llegado la hora de reclamar desde la RSE una mayor penalización individual y empresarial a la irresponsabilidad. En este sentido, unificar los observatorios críticos internacionales y dotarles de la garantía y credibilidad será un buen impulso a la RSE.
Queda mucho por hacer en esta larga marcha, sólo recién iniciada, de la RSE. Pero no me cabe duda de que de esta crisis no saldremos con empresas insostenibles, sino con más RSE, con más sostenibilidad en la actividad económica y empresarial. Pero de la de verdad, es decir, aquella que se concibe y se practica con la voluntad de producir un impacto positivo sobre la sociedad, y no sólo como una operación de marketing empresarial más o menos lograda."
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* Ramón Jáuregui Atondo es actualmente diputado en el Congreso de los Diputados, europarlamentario español dentro del Grupo Progresista del Parlamento Europeo, y copresidente de la Asamblea Parlamentaria Euro Latinoamericana. 
Nacido en San Sebastián, Guipúzcoa, el 1 de septiembre de 1948, ha ocupado anteriormente los cargos de Presidente de la Gestora Municipal de San Sebastián, Delegado del Gobierno en el País Vasco, vicelehendakari del Gobierno Vasco, y ministro de la Presidencia con José Luis Rodríguez Zapatero.
En cuanto a su formación, es ingeniero técnico en construcción de maquinaria y está licenciado en Derecho.